El Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Nuevo León, el día 12 de diciembre de 2024, llevó a cabo su tercera sesión extraordinaria, en donde se aprobó la Política Estatal Anticorrupción, la cual busca atender la prevención, el fomento a la cultura de la legalidad, la debida administración de los recursos públicos, la adecuada administración de riesgos y la promoción de la cultura de la integridad en todos los sectores, para definir las bases de acciones y programas que orientarán los esfuerzos en próximos años e incidir en el combate del fenómeno de la corrupción en el estado. Derivado de las recomendaciones de alineación con la Política Nacional Anticorrupción, los cuatro ejes estratégicos establecidos en la misma, y la contextualización de la problemática en el estado, se han definido objetivos específicos con un conjunto de prioridades, que orientan la atención del problema de la corrupción en el estado y proponen la estructura de coordinación para su implementación.
La Política Estatal Anticorrupción es una herramienta que servirá para articular los esfuerzos de todas las instituciones y sectores del estado de Nuevo León, permitiendo un seguimiento oportuno de las acciones en materia del combate a la corrupción. Cabe recordar que el Sistema Estatal tiene por objeto establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.
Por su parte, el Comité Coordinador en dicha sesión, autorizó que sus integrantes, de manera conjunta o separada, y en representación del mismo, suscriban convenios de colaboración con los entes públicos que se encuentran definidos en la fracción VI del artículo 3 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado de Nuevo León, y que externen su interés, con el único objeto de establecer las bases y mecanismos de coordinación para fortalecer la adopción de medidas dirigidas a la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como para la fiscalización y control de recursos públicos, en beneficio de sus actividades, funciones y fines para el fortalecimiento de ambas partes.
Finalmente, los integrantes del Comité Coordinador, dieron un reconocimiento al Lic. Lic. Juan Pablo Raigosa Treviño, representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, por el trabajo desarrollado a lo largo de 6 años dentro del Sistema Estatal Anticorrupción, en virtud de su conclusión como Consejero de la Judicatura, e integrante del Órgano de Gobierno y del referido Comité.
En la sesión estuvieron presentes el Dr. Alejandro Reynoso Gil, Auditor Superior del Estado; el Lic. Javier Garza y Garza, Fiscal Anticorrupción; la Mtra. María Teresa Herrera Tello, Contralora del Estado; el Lic. Juan Pablo Raigosa Treviño, representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial; la Lic. Brenda Lizeth González Lara, Presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; y el Mtro. Mario Treviño Martínez, Magistrado de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa.
