7 de septiembre 2023

Con el objetivo de prevenir conductas que generen actos de corrupción y fomentar la integridad y ética en el servicio público, cerca de 300 servidores públicos del municipio de Escobedo, Nuevo León fueron capacitados en temas relacionados a las responsabilidades que tienen en el ejercicio de la función pública y las sanciones a las que pueden ser acreedores en caso de cometer actos ilícitos.

 

El alcalde Andrés Mijes inauguró el evento, agradeció a los expositores de la capacitación, darse tiempo para atender la invitación del municipio a tocar esos temas que importancia vital para el ayuntamiento.

 

Mijes expresó que en su Administración no permitirán actos de corrupción, por lo que el combate en este tema es una prioridad en su Gobierno.

 

“He puesto especial énfasis y lo he dicho muchas veces a ustedes (sobre) la importancia de trabajar con honradez y disciplina y uno de los temas principales, y lo he dicho varias veces, que aquí no hay hermanos de Mijes, tíos de Mijes, primos de Mijes, compañeros o alguien que yo avale conductas que no son correctas”, comentó.

 

El resultado de la lucha contra la corrupción, explicó el alcalde, se ve reflejado en una Ciudad ordenada que garantiza que los recursos lleguen a las comunidades.

 

“Mi compromiso sigue siendo el mismo desde que tomé protesta como Presidente Municipal, no permitir que nadie se aproveche de su cargo, y a no ser solapador de quien haga negocios al amparo del poder público, esto aplica para todos, amigos, compañeros de lucha y familiares”, añadió.

 

La capacitación fue dirigida a secretarios, directores y coordinadores municipales participando como ponentes Mario Treviño Martínez, Magistrado de la Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justica Administrativa de Nuevo León,

Gilberto de Hoyos Koloffon, Fiscal Especializado en Delitos Electorales y Joaquín Ramírez de la Cerda, Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.

 

Cada uno de los ponentes dirigieron temas relativos a sus áreas de competencia, con base en leyes y reglamentos explicaron a los asistentes los distintos tipos penales y administrativos en que pueden incurrir, así como las sanciones a las que pueden ser acreedores en caso de conductas irregulares.

 

El fiscal Gilberto De Hoyos explicó que todo acto u omisión que obstaculice el correcto desarrollo de las elecciones y atente contra el voto libre y secreto de los ciudadanos es un delito electoral que puede ser cometido por cualquier ciudadano y en especial por servidores públicos.

 

Hizo mención de los delitos electorales más comunes, exhortando a los oyentes mantenerse al margen de conductas ilícitas y evitar aprovechar los recursos públicos para beneficiar a algún partido político o candidato, pues de lo contrario pudieran verse involucrados en la comisión de un delito electoral.

 

Por su parte, Joaquín Ramírez de la Cerda, Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SESEANL) abordó el tema de los trabajos que se realizan para la elaboración Plataforma Digital Nacional (PDN) que se convertirá en una herramienta del Sistema Nacional Anticorrupción y los Sistemas Estatales para el combate a la corrupción.

 

Comentó que en la PDN se tendrá información de la declaración patrimonial de cada uno de los servidores públicos, así como su historial laboral en donde se detallará si ha tenido alguna sanción ya sea administrativa o incluso penal y que evitará que se le vuelva a contratar.

 

En el tema de fiscalización con esta herramienta se pretende la centralización de la información que generan los órganos integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización, con la finalidad de ampliar la cobertura y vigilar la forma en que se llevan a cabo las licitaciones y contrataciones públicas en los 3 ámbitos de Gobierno.

 

Recordó que en Nuevo León la SESEANL ya trabaja en ese proceso para interconectar la información de cada uno de los entes involucrados en esa información.

 

Por último, el magistrado Treviño Martínez expresó que el Tribunal de Justicia Administrativa, es un órgano formalmente administrativo y materialmente jurisdiccional, creado por mandato constitucional, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos y hacer cumplir sus determinaciones.

 

Comentó sobre las sanciones administrativas que pueden llegar a ser desde suspensiones o sanciones económicas hasta inhabilitación del ciudadano para ejercer como servidor público.